El Gobierno no parece haber tenido en cuenta que ralentizar el transporte también tiene un coste claro de eficiencia en la economía de un país. Si un comercial pierde el 10% de su tiempo en carretera por reducir su velocidad, su productividad se verá afectada (venderá menos, visitará menos clientes, etc...). Si un transportista tarda más en dejar su carga, también perderá tiempo y podrá atender a menos pedidos. Es decir, que las medidas pueden dañar la ya maltrecha competitividad de la economía española. De hecho, en el Reino Unido, se plantean elevar la velocidad en las autopistas para combatir la crisis
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